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Cabildeo, manejo de influencias, incidencia política, lobby, rosca, son formas de llamar a la negociación política. Estrictamente hablando, la palabra “lobby” hace referencia a las conversaciones en la antesala de las cortes reales del siglo XVIII, donde miembros de la burguesía y la aristocracia negociaban políticas de estado.

Si bien el lobby es tan viejo como la humanidad, a partir de la globalización se volvió un término popular (y polémico). El lobby es ahora más complejo y tecnificado, y muchas veces no queda claro quién negocia con el poder político.

La idea del lobby, popularizada en latinoamérica desde fines de los ’80, es una caja de herramientas que puede combinar técnicas de mercado como focus groups, estudios de imagen, marca y discurso con acuerdos partidarios, movilizaciones populares y en redes sociales.

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A menudo, el lobby se asocia con prácticas corporativas sofisticadas, poco transparentes, como un ejercicio del poder de corporaciones “desde arriba” hacia “abajo”, una descripción que, como mínimo, es incompleta.

En Latinoamérica existen ejemplos que demuestran que el lobby ha contribuido a conquistar derechos, como la legalización del cannabis en Uruguay en 2013, del cannabis medicinal en Colombia en 2016 y en México en 2018 y en 2020, la creación de un registro de usuarios medicinales en Argentina.

El lobby está cambiando la asociación negativa de la planta, promoviendo la creación de espacios de diálogo sobre el cannabis y alternativas de movilización política en defensa del goce y los derechos humanos.

En Estados Unidos, el lobby está institucionalizado en organizaciones que se ocupan de financiar estrategias de comunicación para la modificación de leyes en el Congreso. Por ejemplo, organizan investigaciones científicas sobre los beneficios del cannabis y presentan los resultados a los legisladores.

Si bien el lobby no garantiza una representación igualitaria, la sociedad civil puede adaptar tácticas legislativas para la legalización del cannabis. En el caso de Uruguay, las técnicas legislativas y de comunicación difundidas por organizaciones internacionales ayudaron a inclinar la balanza a favor del uso adulto.

Lobby en Uruguay: movilización y marketing político del cannabis

Una de las organizaciones motoras de la legalización del cannabis en Uruguay fue ProDerechos. Diego Pieri, ex miembro, recuerda los comienzos de la organización como ProLegal, en 2006, formada por estudiantes de Ciencias Sociales y militantes del Frente Amplio.

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“Hacíamos algo de lobby sin saberlo. Básicamente hablar, hablar con los políticos, tratar de convencerlos” agrega Diego. Explica que tuvieron que tender puentes con distintos sectores políticos y que, en 2008, la Open Society Foundation con sede en Nueva York se acercó a la organización en un campamento de juventudes de izquierda.

“Se contactan y Nacho, un compañero viaja a Estados Unidos a un evento. Su estrategia era buscar organizaciones que pudieran financiar y promover sus líneas [políticas], de Derechos Humanos, de la libertad, del acceso a la Justicia, de la regulación de las drogas”, agrega Diego.

“En 2009, les propusimos hacer un seminario nacional sobre drogas durante tres días con paneles y foros sobre reducción de daños y talleres con expertos internacionales. Se elaboraron unos borradores muy generales de cómo debería ser una eventual regulación de la marihuana”, cuenta el uruguayo.

“Nosotros tratábamos de que las actividades fueran más prolijas. Eso generaba un poco de resistencia en el movimiento cannábico. Pero se entendía que era importante convencer a los legisladores. En 2010 armamos un equipito e hicimos spots de radio”, cuenta Diego.

—¿Y esto los hacían ‘a pulmón’? 

—No, no, no, hubiera sido imposible, teníamos la plata [dinero] de la ‘Open’. Contábamos con eso.

A little help: privados y ONGs internacionales hacen su aporte

Diego recuerda que se generó “una especie de desembarco” en Uruguay. Llegaron diez asesores que habían trabajado en las campañas de legalización en los estados de Colorado y de Washington y analistas de la Brookings Foundation.

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Además, existió “un tal Luis (…) un filántropo que puso dinero”. Probablemente, Diego se refiera a Peter Lewis, un histórico contribuyente a las campañas de legalización de la marihuana.

“La Open comenzó a generar instancias de diálogo con el gobierno y nos incluyeron. Hicimos un focus group y nuestra propuesta fue muy mal recibida por gente que estaba en contra de la legalización. Ahí diseñamos una campaña que se llamó ‘regulación responsable’. Investigamos para saber cuáles eran los argumentos que tenía la gente indecisa. Es decir, que no estaba ni muy a favor ni en contra de legalizar, más le convencían. Hicimos una encuesta”, adelanta Diego.

“Aprendimos que lo importante era definir a quién íbamos a convencer. ¿A los que piensan como nosotros? ¿Al 20% que tenemos en contra? O, ¿al 30% que está en el medio? Esas personas, que no piensan como nosotros, pero tampoco piensan tan diferente. ¿Qué piensan ellos? ¿Cómo ven el tema de la marihuana?”.

“Buscábamos hablarles para que les pueda entrar el mensaje, con algo más que hojas de marihuana, faso libre y vamo’ arriba”.

Diego explica que los derechos de los consumidores, no era algo que le preocupara a los encuestados. “A la gente les interesaba que hubiera controles para mayores de 18, de tránsito, no querían que se desviara la producción. Y así largamos esa campaña”.

—Cómo es esto que me dijiste que no podés tener una estética con hoja de chala. ¿Qué hicieron? 

—Era azul, no verde. Una estética muy limpia. El spot tenía un abogado hablando, explicando las incongruencias del sistema actual. Apareció una doctora diciendo que pasaría si se legalizaba. Hicimos un lanzamiento con una estética súper cuidada. No importaba la cantidad de gente. El tema era la gente que esa gente conocía, los teléfonos que tienen y la foto de portada. Si la foto de portada era un tipo de rasta fumando un ‘troncho’ de medio metro era difícil de entender para el público conservador uruguayo. Hasta contraproducente.

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“En general, los medios cuando hacen algo sobre marihuana ponen música de Bob Marley y nosotros buscábamos otro tipo de comunicación. Los spots en radio acercaban argumentos, hablaba una mujer con glaucoma, contando que la marihuana le ayudaba a bajar la presión ocular. Con el tema medicinal logramos el mayor efecto. Al final de la campaña hicimos otra medición de adhesión a la legalización y subió cinco puntos de 30%, al 35%. Mientras tanto, la adhesión a la regulación medicinal aumentó como 20% o 30%. La marihuana con fines medicinales siempre tiene mayor aceptación”, continúa.

Colombia: acceso minorista, evidencia científica y una alianza inesperada

El caso colombiano sirve para entender cómo los intereses de los pequeños cultivadores y de las grandes empresas de cannabis medicinal pueden llegar a alinearse en una estrategia política para la legalización del uso adulto.

Desde 2017, el país experimenta una “fiebre verde”. A principios de 2022 se habían solicitado 2.634 licencias para producir cannabis medicinal, de las cuales se emitieron 1.753. El país recibió alrededor de mil millones de USD en inversiones en cannabis.

Lucas Nosiglia es presidente de Avicanna LatAm, una de las primeras empresas en recibir una licencia para cultivar cannabis en Colombia. Explica que el modelo colombiano actual de regulación del cannabis “fue concebido hacia el paciente, pero mal ejecutado utilizando el modelo de formulaciones magistrales que es arcaico e imposibilita la producción de lotes grandes”.

Es decir, prevé el cultivo pero no prevé una venta minorista eficiente. El problema, según Lucas, es que el modelo de acceso fue pensado a través de preparados magistrales que no se pueden producir en cantidad. “Aún no hay volúmenes que justifiquen economías de escala», justifica Lucas.

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Asimismo, el modelo colombiano de cannabis medicinal se concentra en cumplir con estándares de calidad europeos, un proceso costoso, en especial, para los productores artesanales de cannabis. Hasta ahora, el modelo colombiano no contempla la producción de flores artesanales bajo estándares colombianos, a un precio accesible, para el mercado interno. 

Estos cuellos de botella derivaron en pérdidas significativas para las empresas de cannabis que invirtieron en el país. “El punto de partida fue ‘esto [el cannabis] se va a vender como si fuese pan caliente’, pero en Europa las exigencias regulatorias son altísimas y difíciles de exigir cuando los productores no están vendiendo sus productos», explica Lucas.

Tanto los pequeños y medianos cultivadores como las grandes empresas necesitan del mercado minorista. Es decir, dispensarios de cannabis de uso adulto para comercializar sus productos y recuperar su inversión.

La producción de cannabis medicinal representa un costo de entrada muy alto para las empresas. Por eso, la sociedad civil y el sector privado contribuyeron a la presentación de un proyecto de ley para la producción de cannabis bajo estándares distintos a los farmacéuticos, para su venta en dispensarios para adultos.

El desafío, según Lucas, es tener un paquete tecnológico que permita incluir pequeños y medianos cultivadores y habilitar el segmento minorista.

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“La clave está en crear una categoría de cannabis con ciertos estándares, distintos a los farmacéuticos, para generar un acceso seguro, informado y de calidad para los pacientes”, detalla Lucas.

“Lo que termina de abrir el juego a los productores medianos es la legalización del uso adulto y la venta minorista: expandir el acceso. Así se genera un mercado interno grande. El segmento de uso adulto es muchísimo más grande que el medicinal, que es más complejo y más caro para el paciente”, continúa Lucas.

Cannabis y sistema público de salud

Asimismo, para el avance de la venta minorista, resulta vital la educación del cuerpo médico y la cobertura del cannabis por el sistema público de salud. “Eso les trae tranquilidad a los médicos. Que la comunidad entienda que va a ser una sustancia controlada”, aclara Nosiglia.

Pero, ¿qué es lo que pide el sistema público de salud? Un análisis donde se demuestre que si se incorpora al cannabis se reducen los costos. Entonces, ¿cómo generar evidencia para promover la venta minorista de cannabis legal?

“La evidencia se genera a través de la promoción del acceso minorista, es un ‘ida y vuelta’. Hay que lograr más acceso bajo prescripción médica, lo cual permite ir generando más datos del mundo real para que las obras sociales cubran al cannabis”, adelanta Lucas.

Litigios estratégicos en México

Polita Pepper es Doctorada en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México, y co-Fundadora y directora de la Asociación Civil Cannativa (Asociación de estudios multidisciplinares de plantas medicinales y enteógenos).

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Investigadora, activista, feminista, educadora, tallerista y conferencista, escritora y productora multimedia, Polita explica que para entender la complejidad del lobby del cannabis en Mexico debemos tomar en cuenta la profunda conexion entre el sistema politico y el narcotrafico.

Pepper destaca el rol de la sociedad civil en el impulso de la Ley de Cannabis de 2017 que habilita la importación de productos con CBD para personas con receta médica, desde países donde es legal, lo cual supone un complicado proceso burocrático. Si bien en 2021 se reglamentó la producción de CBD en su país, los estándares farmacéuticos encarecen la producción.

Entre las acciones más importantes de las organizaciones de la sociedad civil para la legalización del cannabis están las movilizaciones, los talleres colectivos y el trabajo codo a codo con las organizaciones de pacientes.

La militancia de organizaciones como Mamá Cultiva y Mamá Cultiva Argentina trascendió fronteras e inspiró a muchos a movilizarse junto a las cuidadoras de pacientes por la legalización del cannabis medicinal.

Desde Cannativa, Polita junto a otros capacitan a trabajadores y trabajadoras del cuidado, usuarios de cannabis y legisladores para generar empatía en el arco político. Asimismo, Polita destaca la importancia de llevar adelante litigios estratégicos con apoyo letrado. Por caso, el trabajo de la organización México Unido Contra la Delincuencia.

Hasta el momento, para acceder al autocultivo, la libre portación y el consumo de cannabis medicinal en México se necesita presentar un recurso de amparo en defensa del Derecho a la Libre Personalidad consagrado en la constitución mexicana.

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Desde 2018, una serie de recursos favorables a los consumidores han logrado establecer jurisprudencia que protege el derecho al consumo medicinal pero se limita a cada caso en particular y excluye el uso adulto (sin receta médica).

Para avanzar en la discusión de la industrialización del cannabis en México y la legalización del uso adulto, Cannativa organiza talleres en el Senado, que luego son capitalizadas por un amplio espectro del arco político. Además, las organizaciones usan la economía del cannabis en Estados Unidos como claro ejemplo del potencial que tiene para México.

Según explica Pepper, los foros transmiten una imagen sobria, coherente, de diálogo, que atrae la atención de políticos y medios de comunicación.

Desde 2019 se han propuesto distintos modos de producción que ignoraban el rol de los campesinos y el problema del acceso a la tierra. Si bien una iniciativa de regulación del uso adulto fue elevada al presidente, perdió estado parlamentario.

Pepper confía en la emergencia de una nueva industria compuesta de organizaciones de la sociedad civil, clubes y emprendedores que buscan poner en agenda la legalización del cannabis aunque pueda no ser una prioridad para el próximo gobierno en 2023.