Cuando la vulnerabilidad es el relato dominante

Años atrás, cuando internet y los correos electrónicos eran todavía una rareza, inicié mis estudios de Ciencias Físicas en la ciudad de Madrid. En ese proceso de vinculación a la academia ―y al universo social que representa― la creación de una cuenta de usuario para email tenía cierta relevancia. Se convertía en algo así como una tarjeta de presentación.

Por eso, cuando la persona encargada de configurar mi usuario, puso como segundo apellido “No tiene” en un intento por simplificar mi identidad para los otros, trazó una línea más en la frontera imaginaria que separa nuestra sociedad en singularidades innecesarias. En cada correo que enviaba a compañeros, profesores y a la administración de la universidad, podía leerse el remitente: Maysoun Douas No tiene.

Convertida hoy en anécdota ―que no es la única, ni la más densa―, esta historia no deja de reflejar que hay una realidad que configura la vida de muchas personas que quieren hacer de España su hogar: incluso ciertos intentos de ayudarlas obvian muchos factores por el camino. Desde la identidad en su conjunto, la riqueza cultural, el talento, las cualificaciones y los derechos que tiene todo ser humano al margen del suelo donde se encuentre.

No hablaré aquí de quienes se sitúan en la orilla de la intolerancia, sino de otro relato, el de la vulnerabilidad del migrante, que orbita entre la solidaridad y los prejuicios. Se trata de una vulnerabilidad tan urgente y compleja, que discursos políticos, campañas corporativas y narrativas mediáticas procuran converger en lugares comunes para simplificarla. Con ternura y condescendencia se confinan en conversaciones donde la regularización y el asistencialismo son los mínimos exigibles, y aunque no se diga abiertamente, también los máximos deseables. Cómo si por encima de esas aspiraciones no hubiera nada más.

Y ahí yace precisamente el problema de ese imaginario: que la vulnerabilidad sistémica desborda el dique de la legalidad.

Un ejemplo. En España, donde residen actualmente más de cinco millones de inmigrantes, tener una tarjeta de residencia es un primer paso, importante pero no definitivo. Un informe del Defensor del Pueblo, publicado en 2020, evidenció que cuatro de cada diez inmigrantes trabajan en ocupaciones elementales y precarias, y señala además que “el porcentaje de temporalidad de los contratos es del 41 % frente a un 25 % entre los españoles”.

Otro estudio más reciente, desarrollado por Caritas Española, reveló que no solo el ingreso medio mensual de los migrantes en el país es un 38% menor que el de los españoles, sino que su movilidad hacia mejores oportunidades es casi inexistente. La gran mayoría continúan llevando a cabo trabajos elementales incluso después de 15 años de estancia en el territorio nacional. Todo lo anterior contrasta con que el 23% de esos cinco millones de inmigrantes son personas con suficientes estudios como para insertarse en escenarios competitivos del mercado laboral. Aun así, muy pocos lo consiguen.

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